Bastante se ha hablado acerca de la Ley de Infogobierno y su tortuosa historia en las redes sociales. Desde carismáticos y políticos discursos, hasta técnicos y conservadores argumentos, la mayoría ha expresado su opinión. Este artículo pretende hacer un resumen de los acontecimientos, y una prospectiva de los escenarios actuales.

El episodio Tascón (2006)

La Ley de Infogobierno: comienzos tortuosos, desenlaces prometedores

La Ley de Infogobierno es un Proyecto de Ley que tuvo su motivación en la creación de un marco jurídico que regulará el acceso a la información de los ciudadanos a través de los medios electrónicos del estado. Era de esperarse, que la ley fundamentara sus aspectos operativos en los preceptos del Software Libre y los estándares abiertos. Sin embargo, la discusión tuvo varios matices agrios e inesperados.

El entonces Presidente de la Subcomisión de Ciencia y Tecnología, Diputado Luis Tascón (PSUV), dirigió en 2006 una serie de debates públicos y privados, en donde partidarios del Software Libre y Software Privativo pudieron exponer sus puntos de vista. En esa época, podíamos escuchar a José Parella, Ernesto Hernández-Novich, Felipe Pérez, entre otros, apoyando y defendiendo las visiones del Software Libre, como se muestra en la siguiente intervención de Ernesto Hernández-Novich en el Foro “Software Libre vs. Software Privativo” llevado a cabo en la Asamblea Nacional.

Estas reuniones llegaron a pocos consensos, principalmente por la insistencia de los argumentos pro-Microsoft, y el Diputado Tascón terminó por adoptar una posición en favor del Software Privativo, como se le puede escuchar en la entrevista que le realizara Ernesto Villegas en 2006 para el programa “En Confianza”.

La Ley salió de la subcomisión con un contenido a favor del Software Privativo y la neutralidad tecnológica, cosa que molestó mucho a la Comunidad de Software Libre. Afortunadamente, en la discusión de la plenaria de diputados, la aprobación de la ley se estancó, lográndose sancionar tan solo 6 artículos. La Ley no sería tomada en cuenta de nuevo hasta dentro de 6 años.

El episodio Leomagno (2012)

La Ley de Infogobierno: comienzos tortuosos, desenlaces prometedores

6 años después, las cosas han cambiado radicalmente: para empezar, el Diputado Luis Tascón falleció luego de luchar contra una terrible enfermedad; la presidencia de la Comisión de Ciencia y Tecnología está en manos del Diputado Leomagno Flores (AD); por otro lado, el Software Libre ha venido recibiendo un sostenido apoyo del estado, generando experiencias prácticas y casos de éxito en la Administración Pública; además, existe una distribución nacional llamada “Canaima”, apoyada en estrategias de masificación de las TIL a través de proyectos como “Canaima Educativo” y el “Plan Internet Equipado”.

En ese contexto, por iniciativa del vicepresidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, se introdujo a la plenaria una petición de levantamiento de la sanción a los 6 artículos aprobados en 2006, permitiendo discutir la ley desde cero. En una infame intervención de réplica, el Diputado Flores aseveró que el Software Libre “era la dictadura de un sistema informático”, lo que generó el inmediato rechazo de las Comunidades de Software Libre.

¿Afortunadamente?, en el inicio del nuevo período legislativo del año 2013 ocurrió una rotación en la presidencia de la comisión, siendo nombrado el Diputado William Dávila (AD), quién mostró tener un mayor grado de conocimiento y aceptación del Software Libre durante una entrevista realizada por Carlos Croes en el programa “Regiones”.

Situación actual (2013)

Luego de estos antecedentes, estamos en la víspera del inicio de una nueva discusión pública de la ley, con un contenido diferente y actores diferentes. En ese sentido, se ha conocido el contenido del nuevo borrador de manera extraoficial, el cual se puede descargar a través del siguiente enlace.

El texto del borrador es magnífico. Se rescatan las luchas de la Comunidad del Software Libre, además de proveer un marco operativo que no tiene lugar para dudas. Los artículos 35, 36 y 37 establecen claramente la exclusividad del Software Libre y Estándares Abiertos en la prestación de servicios, garantizan el cumplimiento de las 4 libertades, e impulsan la apropiación social del conocimiento libre. Una maravilla.

Por si fuera poco, se establece un régimen sancionatorio (art. 66 al 68). Todo aquel funcionario o institución que incumpla con los términos de la ley, puede recibir una sanción valorada entre las 50 y 250 unidades tributarias (entre unos 5000BsF y 25000BsF para la fecha).

Por otro lado, se reestructura al Centro Nacional de Tecnologías de Información (CNTI) para que asuma funciones de Normalizador y Fiscalizador en materia de Tecnologías de Información dentro del estado, según se establece en los artículos 45 y 46. Además, se crea la Industria Nacional de Tecnologías de Información Libres (art. 57), con el objetivo de impulsar el desarrollo de las Tecnologías Libres.

Finalmente, la ley deroga el controversial decreto presidencial N° 3390, en donde se establecía el uso “prioritario” de Software Libre en la Administración Pública Nacional.

Esperamos que el llamado público a discusión cuente una historia diferente a la de 2006, permitiendo la participación protagonista de las Comunidades de Software Libre, y manteniendo el espíritu del borrador actual.